Interior impulsará una ley específica para
la videovigilancia privada en espacios públicos
Aprobado el proyecto de ley de Seguridad
Privada que dota de más control del Estado sobre las agencias de detectives
El Consejo de Ministros ha aprobado
este viernes el proyecto de Ley de Seguridad Privada que presenta
algunos cambios respecto el mismo anteproyecto que Interior presentó el
pasado 12 de abril tras escucharse las sugerencias de las
partes implicadas y de estudiar los informes consultivos. Entre las
modificaciones más relevantes, el Gobierno ha accedido a que la empresas de
seguridad privada no puedan llevar a cabo investigaciones porque, según ha
indicado el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, se podrían dar casos de
"conflictos de intereses". Las agencias ya habían alertado de una
invasión de sus competencias. Sin embargo, ha mantenido los objetivos iniciales
de controlar más el sector de la investigación privada pese a que el propio ministro
ha admitido que las agencias de detectives han mostrado su oposición a esos
planes.
El ministro ha presentado el proyecto
aprobado por el Gobierno en rueda de prensa, en la que ha adelantado que la
nueva ley no va a incluir ninguna regulación específica sobre la videovigilancia
de carácter privada en espacios públicos porque, por recomendación de los
expertos, el ejecutivo tiene intención de presentar una ley específica a tal
efecto. Jorge Fernández ha subrayado que, pese a ello, no va haber "vacío
legal", ya que, "ya existe una importante doctrina en la que se
basará la futura norma".
Respecto a la ley presentada este viernes,
el titular de Interior ha actualizado los datos de 2012 sobre el sector de la
seguridad privada para resaltar la importancia de este tipo de regulación.
Según Jorge Fernández, las 1.500 empresas del sector facturaron un volumen de
3.500 millones de euros y emplearon a 85.000 personas.
Interior ha modificado su propuesta inicial
y no permitirá finalmente que las empresas del sector realicen labores de
investigación, reservadas a los detectives. De este modo, la regulación en este
aspecto queda como en la ley todavía vigente y solo los detectives privados
podrán realizar investigaciones "en relación a personas, hechos o delitos
solo perseguibles a instancias de parte".
No obstante, la nueva ley les controlará
más que hasta ahora a las agencias y los detectives -unos 1.500 en toda España-
deberán dar cuenta al ministerio de los encargos que reciben, los medios que
emplean y los resultados obtenidos. Además, deberán destruir los sonidos e
imágenes grabados durante sus vigilancias un año después de la finalización de
su informe. Las agencias de investigación privada deberán además inscribirse en
un nuevo registro creado para la ocasión llamado Registro Nacional de Seguridad Privada.
También deberán enviar al ministerio de Interior una memoria anual de sus
actividades.
El ministro ha admitido la oposición del
sector a este tipo de regulación, algo que ha considerado comprensible porque
"la actual regulación es muy limitada y está muy dispersa". Jorge
Fernández Díaz asegura que el objetivo es "sistematizar todas estas normas
y darles rango legal" teniendo en cuenta que "estas activivades
afectan a derechos fundamentales, como la inviolabilidad de las comunicaciones
o la intimidad personal". Cabe recordar que esta regulación llega después
de que las agencias de detectives estén en el ojo del huracán por distintos
casos de espionaje político o empresarial, relacionados muchos de ellos con la
empresa Método 3.
En el ámbito de la seguridad privada,
la ley también prevé una liberalización de ciertas actividades hasta ahora
reservadas solo a este tipo de empresas. Se trata de actividades de consultoría
de seguridad que, gracias a la nueva ley, podrán ser realizadas por otro tipo
de sociedades.
Pese a ello, el ministro ha indicado que
durante los trámites de audiencia, el sector de la seguridad privada se ha
mostrado muy satisfecha con la nueva ley, que amplía los casos en los que
podrán colaborar con las fuerzas públicas.
Asimismo, el titular de Interior ha
asegurado que se ha hecho un esfuerzo para que la nueva ley quede bien encajada
en el corpus jurídico y no entre en colisión con la Ley de Protección de Datos
de Carácter Personal.
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